Bogotá transforma el apoyo a mayores: un cambio administrativo con riesgos para los beneficiarios
Más de 50.000 adultos mayores en Bogotá se enfrentan ahora a un nuevo sistema de pagos, una reestructuración impulsada por la Secretaría Distrital de Integración Social que, en teoría, busca optimizar la asistencia social. Pero la transición, lejos de ser una simple actualización, introduce una complejidad que podría dejar a miles de personas desamparadas.
Un cambio de líderes, un riesgo para la continuidad
La SDIS ha decidido transferir la gestión de los pagos a través del programa nacional Colombia Mayor, abandonando el esquema del Ingreso Mínimo Garantizado (IMG). Una medida, según fuentes internas, motivada por la búsqueda de eficiencia, pero que genera serias dudas sobre la seguridad de la red de protección social en la capital. La promesa de un gobierno más eficiente no calma la inquietud de los beneficiarios.
El anuncio, que se hace eco de la estrategia “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, parece un intento de centralizar y, supuestamente, mejorar la distribución de los recursos. Sin embargo, la realidad es que la transición implica un cambio radical en la forma en que se accede al dinero. Ya no se trata de transferencias digitales a través de Nequi, DaviPlata o Movii, sino de un nuevo operador: PagaTodo. Y es ahí donde reside el verdadero problema.
Los 50.000 adultos mayores afectados deben ahora acudir a puntos físicos de PagaTodo, un sistema que, hasta la fecha, carece de la infraestructura y la experiencia necesaria para gestionar un flujo tan importante de recursos. El proceso de enrolamiento, con su exigencia de fotocopia de la cédula y recibo de servicios, representa una barrera adicional para una población ya vulnerable. Un trámite burocrático que podría, sin duda, dejar a muchos atrás.
La SDIS insiste en que la continuidad del apoyo es una prioridad, garantizando que nadie perderá su ingreso. Pero la logística de PagaTodo, con sus puntos de cobro limitados y la necesidad de un trámite previo, plantea serias dudas. La imagen de un sistema que deja a los más necesitados en la calle es, francamente, inaceptable.
88.000 personas mayores seguirán recibiendo sus ayudas a través de los canales habituales del Distrito. Pero la transición, para más de 50.000, es un salto al vacío. Un salto que, a juzgar por lo que hemos visto en otros procesos similares, podría resultar en un desastre. El Gobierno Nacional debe asegurarse de que esta reestructuración no se convierta en una nueva forma de exclusión social.